Se desarrolla en la provincia de Córdoba, Argentina. La acusación es por violar la prohibición de la
aplicación aérea de glifosato en cercanías de zonas urbanas. Se analizará la
conexión con un centenar de muertes por cáncer.
El primer juicio oral y público por fumigaciones
con sustancias peligrosas para la salud en cercanías de zonas urbanas,
comenzará hoy en la provincia de Córdoba. Los imputados son tres productores
sojeros y dos pilotos de aviones fumigadores, acusados de violar la ley
provincial de Agroquímicos, que precisamente prohíbe la aplicación aérea de
endosulfán o glifosato, en cultivos ubicados en proximidad de zonas pobladas.
El primer juicio oral por supuesta
contaminación con agroquímicos mediante fumigaciones clandestinas en sembradíos
de soja próximos a un barrio de la capital cordobesa comenzó este lunes,
ocasión en la que el primer testigo aseguró que los imputados siguieron
utilizando sustancias perjudiciales a sabiendas de su peligrosidad para la
salud humana.
"Llegamos a esta situación pese a
las miles de advertencias que se hicieron por la prensa y mediante ordenanzas
que prohibían estas fumigaciones", aseguró a la prensa Medardo Ávila
Vázquez, ex secretario de Salud municipal de Córdoba, el primero en declarar.
El médico, que declaró durante dos
horas, explicó que "hay una ley que dice claramente que no se pueden
emplear los agroquímicos como se lo hace. No obstante, los sojeros siguieron
haciéndolo, como siempre, de la misma manera. Esto nos obligó a formalizar un
denuncia penal en defensa de la salud de la gente".
La audiencia pública ante la Cámara
Primera del Crimen de la ciudad de Córdoba comenzó con planteos efectuados por
las defensas de los imputados para que, precisamente, se revocara la
participación como querellante concedida a Avila Vázquez.
Los abogados argumentaron que, en su
momento, se autorizó la participación de Avila Vázquez en representación de la
Secretaría de Salud municipal, pero
actualmente ya no ejerce dicho cargo y no es ni siquiera vecino de la ciudad de
Córdoba, no obstante lo cual el tribunal rechazó el planteo.
La audiencia continuó con la lectura de
la acusación que pesa sobre los imputados y luego, con Avila Vázquez, comenzó
la ronda de declaraciones, que incluirá a 25 testigos y que mañana continuará,
entre otros, con Sofía Gatica, vocera de los habitantes del barrio Ituzaingó
Anexo.
Para la celebración de este juicio
fueron unificadas dos causas, y los imputados son los productores agropecuarios
Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra, además del piloto fumigador
Edgardo Jorge Pancello.
Gabrielli y Parra, dueños de los campos
de soja ubicados en los alrededores del barrio Ituzaingó Anexo, están imputados
como presuntos instigadores del delito de contaminación ambiental (artículo 55
de la Ley 24.051).
Mientras tanto, a Pancello, como
producto de fumigaciones aéreas a baja altura, le imputan haber provocado
supuestamente contaminación ambiental por el uso de sustancias peligrosas para
la salud humana.
Los acusados negaron los hechos que se
les imputa y el abogado de Parra, Juan Manuel Aráoz, dijo a la prensa que,
según un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba, la cantidad de endusolfan
que "se observa en los claves de aire del Parque Sarmiento (de la capital
cordobesa) es similar" a la registrada en el campo de su cliente, porque
"es una sustancia dispersa en toda la provincia".
Los hechos que serán examinados por el
tribunal ocurrieron presumiblemente en enero de 2008, cuando la Municipalidad
de Córdoba ya había declarado al grupo poblacional de barrio Ituzaingó Anexo en
emergencia sanitaria, entre otras razones, por la presencia de productos
agroquímicos contaminantes.
Según la acusación, en las fumigaciones
realizadas sobre los campos ubicados en la inmediaciones de barrio Ituzaingó se
utilizó endosulfán y glifosato, en violación a la Ley de Agroquímicos de
Córdoba N° 9164, que prohíbe la aplicación aérea de dichos productos
agroquímicos en un radio menor a los 1.500 y 500 metros de distancia de las
poblaciones urbanas, respectivamente.
En el juicio iniciado hoy sólo se
juzgará si las fumigaciones se concretaron en violación de las normativas
municipales, provinciales y nacionales, mientras que hay otra investigación en
marcha por supuestos casos de enfermedades resultantes de la presunta
contaminación.
La Cámara Primera del Crimen es
integrada por los vocales Lorenzo Rodríguez, Mario Capdevilla y Susana Cordi
Moreno, mientras que el Ministerio Público es representado por los
fiscales Marcelo Novillo Corvalán (de
Cámara) y Carlos Matheu (de Instrucción).
En las afueras de la sede de los
Tribunales II, para seguir las alternativas de la primera audiencia, se
agruparon representantes de varias organizaciones ambientalistas, como
"Por una América Latina Libre de Transgénicos", "Médicos de
Pueblos Fumigados" y "Madres de Ituzaingó", entre otras.
Una de las impulsoras de la causa fue Sofía
Gatica, vecina del barrio Ituzaingó Anexo, hecho por el cual, en abril pasado,
fue distinguida con el Premio Ambiental Goldman, que todos los años se concede
en San Francisco (Estados Unidos).
"Son 12 años de pelea, de hacernos
escuchar y ahora se hace el primer juicio, que va a crear un precedente para
toda la Argentina en la defensa de los derechos de muchas personas",
aseveró la mujer.
La causa de Ituzaingó comenzó cuando un
grupo de madres de ese barrio denunció la existencia de casi 200 casos de
leucemia, cáncer de próstata y otras enfermedades oncológicas y respiratorias
entre los vecinos, y el fallecimiento de unas 100 personas como consecuencia de
esas afecciones en los últimos años. Con esos antecedentes, la Fundación para
la Defensa del Ambiente (Funam) exigió que se investigara a los responsables de
las fumigaciones y su relación causal con el impacto en la salud de los vecinos.
Los estudios de la fiscalía de instrucción detectaron tres posibles causas
contaminantes, con la fumigación clandestina con agroquímicos en primer
término. También se señalaron como posibles agentes el PCB de los
transformadores instalados en ese barrio por la Empresa Provincial de Energía
de Córdoba, y el agua destinada al consumo humano, contaminada por arsénico y
plomo.
Contaminación dolosa
EL DELITO
La
Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051 fija penas de tres a diez años de prisión.
Pero si se comprobara la relación directa entre la fumigación y las muertes en
la provincia de Córdoba, las condenas podrían ir de diez a 25 años.
Fuente:
AGENCIA TELAM
